Después de tres días de que la mayoría de los parlamentarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), rechazó aprobar el proyecto número 464 “Ley de Modificación al Presupuesto General de Estado (PGE) 2023, Reformulado”, crece la presión en al menos tres sectores para que de una vez se apruebe esa norma presupuestal, incluso surgen voces del bloque 'arcista' de dar un paso al costado y desechar las siete disposiciones transitorias.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) que afirma que lo más urgente es que aprueben los cuatro artículos de la ley presupuestal y, si al Gobierno le urge hacer aprobar los otros temas incluidos en las disposiciones adicionales, hacerlo mediante otro proyecto de ley.

En tanto, los gremiales se declararon en estado de emergencia y exigen a la ALP que anule la disposición transitoria séptima, ya que es el mismo tema contra el que lucharon en 2021.

De su lado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del bando ‘arcista’, lanzó una advertencia a los parlamentarios y les amenazó con “tomar” la Asamblea si en 72 horas, o tres días, no aprueba dicho proyecto de ley.

El conflicto

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del bloque ‘arcista’, Freddy Velásquez, admitió que la situación, en especial en los municipios, es cada vez peor y por eso están considerando “dar un paso atrás” con las disposiciones transitorias del proyecto de ley 464 y aprobar la distribución de recursos.

“Estamos en consensos para tener resultados en la semana (…) Si tenemos que dar un pasito atrás lo vamos a hacer, solo con la intención de que nuestros municipios tengan más recursos”, dijo el legislador oficialista,

En las últimas horas, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, informó que el CEUB reunió de emergencia para analizar el tema y concluyeron en pedir que se apruebe el proyecto de ley con sus artículos que se refieren a la transferencia de recursos. En caso de no cumplirse la demanda, las universidades “activarán sus mecanismos de lucha”.

“Les llamamos a la reflexión y les pedimos que aprueben el presupuesto que no tiene ninguna objeción en su concepto”, dijo Heredia y planteó que las siete disposiciones adicionales las traten en otra ley y así allanar el camino para aprobar los cuatro artículos del PGE reformulado 2023.

“Eso daría la señal de que de verdad están trabajando por el pueblo boliviano, por los municipios, por las gobernaciones y la educación superior”, dijo Heredia.

En tanto, el dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, aseguró que todas las federaciones de gremiales del país se declararon en estado de emergencia, exigen una reunión con el vicepresidente y presidente de la ALP, David Choquehuanca para pedirle que elimine la disposición adicional séptima porque es la misma del proyecto de ley 218.

Los gremiales ven un peligro para todo el sector que el 15 de noviembre de 2021 se movilizó y rechazó el proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas hasta que la ALP devolvió la propuesta al Ejecutivo.

“La Confederación de Gremiales de Bolivia está pidiendo que se retire ese artículo siete (disposición adicional séptima) porque atenta contra todo el pueblo boliviano. El Gobierno está queriendo volver a meter aquella ley contra la que tanto hemos luchado los mineros, gremiales, transportistas, nuevamente se está viendo con artimañas que está queriendo volver a meter el Gobierno”, afirmó el dirigente Siñani.

Desde la ciudad de Santa Cruz, el acalde de ese municipio, Jhonny Fernández, dijo que planteó al Órgano Ejecutivo elaborar una “ley corta”, solo con los cuatro artículos para que sea aprobada cuanto antes y se distribuyan los recursos. En caso de no contar con esa norma, corre el riesgo de que se paralicen las obras.

“He propuesto una ley corta al Legislativo, una ley de cuatro artículos donde se hable específicamente de lo que es el (presupuesto) reformulado, lo que nos corresponde que nos entreguen a las universidades, a los gobiernos municipales y a las gobernaciones”, dijo la autoridad edil.

Campesinos ‘arcistas’

La Csutcb que responde a los intereses del gobierno de Luis Arce, ayer en conferencia de prensa dio un ultimátum a la ALP y dijo que si en 72 horas no aprueban la ley del presupuesto adicional, van a tomar el Legislativo.

“Damos 72 horas, en caso que no se cumpla estas 72 horas hermanos, nos veremos obligados a tomar el Parlamento, hermanos. Ya es hora, hermanos”, dijo el dirigente Lucio Quispe y pidió a la oposición y a los ‘evistas’ que reflexionen.

Además, del anuncio de toma del edificio legislativo, adelantaron que van a realizar movilizaciones de protesta como bloqueos de caminos.