El Gobierno presentó este jueves la Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles a través de la cual anunció la militarización de 12 municipios fronterizos para evitar la salida de carburantes vía contrabando. Asimismo, limitará la venta en galones en las estaciones de servicio.
Los militares llegarán a Cobija, Copacabana, Tambo Quemado, Desaguadero, Pisiga, Villazón, Yacuiba, Bermejo, Puerto Suárez, San Matías, Guayaramerín y Piso Firme. Estos municipios fueron identificados como los sitios por donde pasan combustibles de forma irregular.
“El objetivo de esta política es garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando, y resguardar nuestra seguridad energética”, manifestó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo.
Explicó que esta política marca una ruta para implementar una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, y así generar un ahorro al Estado en la subvención de carburantes de aproximadamente 1.000 millones de dólares al año.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, explicó que las Fuerzas Armadas participarán de forma activa y muy dinámica junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el control de la lucha contra el contrabando de combustibles y su salida a través de poblaciones fronterizas.
“Estamos destinando 34 oficiales instructores y 136 soldados de la tropa, en total 170 efectivos militares que trabajarán junto a ANH. Este trabajo es fundamentalmente para controlar en estos puntos de manera drástica, objetiva la lucha contra el contrabando de combustibles”.
El otro ámbito de trabajo será el control de todo el territorio nacional fronterizo en lado oeste, este, norte, sur, con el apoyo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, mediante las unidades militares acantonadas que desplazarán patrullas de forma constante y permanente por tierra, agua o vía área.
Novillo aclaró que la ciudadanía que hace uso de combustibles en forma racional, legal para desplazamiento no tiene motivos para preocuparse, lo mismo el sector transporte que usa carburantes para su actividad y tampoco los sectores productivos y agroindustriales porque se les garantizará la provisión.
Todo el trabajo será acompañado por el Ministerio Público y señaló que estas acciones son de alto riesgo, pero el Gobierno es consciente de que esto es en defensa de la economía, deel pueblo y del Estado.
Asimismo, aclaró que los lugares donde se controlarán e intervendrán son aquellos puntos donde se tiene identificado el desvío de combustible para realizar actividad ilícita de contrabando, narcotráfico, minería ilegal u otras, los cuales contará con la intervención de la fuerza pública. “Donde vamos a atacar es en aquellos puntos que hay desvío de combustibles para la actividad ilegal como el contrabando o actividades delictivas como narcotráfico o minería ilegal”, remarcó Novillo.
