La Fiscalía, como lo hizo el Gobierno de Luis Arce, no reconoce la condición de expresidenta de Jeanine Áñez y la imputó por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades, aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece la Constitución. La exmandataria es acusada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en el caso Senkata. Sin embargo, en otros ámbitos sí reconoce su gestión. Dos de sus exministros son investigados por corrupción durante su gobierno.

En octubre de 2022 el juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, determinó que Áñez no fue presidenta constitucional del Estado, y que le correspondía un proceso ordinario y no así un juicio de responsabilidades por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

El caso fue de importancia porque se usó como antecedente para que no tenga más acceso a juicios de responsabilidades por ninguna acusación, durante su gestión.

En distintas oportunidades Alaín de Canedo, uno de sus abogados, señaló que “hasta el dictador Luis García Meza fue procesado por juicio de responsabilidades”, pero ese es un “derecho” al que no pudo acceder la exmandataria.

Nadie en el Gobierno la llama expresidenta, sino exsenadora, y ese fue el argumento que siguió para llevar este proceso a la vía ordinaria: invalidar su gestión para acciones como los hechos de Sacaba y Senkata, pero no para la convocatoria a las elecciones en las que ganó el MAS o para procesar presuntos casos de corrupción cometidos por su entorno.

“La suscrita comisión de fiscales de materia imputa formal y provisionalmente a la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por la probable comisión delictiva de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados en el Código Penal en grado de autoría pidiendo, en consecuencia, ante vuestra autoridad se tenga presente y se inicie formalmente el proceso”, indica el documento de imputación de la Fiscalía.

La imputación fue presentada el lunes 17 de abril ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, donde durante la crisis de noviembre de 2019 murieron 10 personas y, según la investigación de la Fiscalía, otras 31 resultaron heridas.
Luis Guillén, abogado de Áñez, dijo ayer que la acusación en contra de su defendida –detenida en el penal de Miraflores por el supuesto golpe de Estado de 2019– carece de objetividad porque la Fiscalía señala en su imputación que los manifestantes de Senkata “ejercían su derecho a la protesta pacífica”.

“Pedimos que se investigue los hechos de 2019. Por qué estas personas estaban ahí (en Senkata) bloqueando, qué hacían, recibían o no dinero, eran agresivos o no, ¿era en sí una manifestación pacífica como dice la Fiscalía?”, cuestionó el jurista. Además, “en qué respaldan de que pueda ser llamada como una manifestación pacífica; entonces, estamos hablando de una imputación que está comprometida en su objetividad porque directamente nos establecen que estas personas estaban de forma pacífica en Senkata”, agregó Guillén.

La defensa de Áñez acumula todos los antecedentes sobre las vulneraciones a los derechos de una expresidenta para presentarlos en procesos ante instancias internacionales contra el Estado.